El Gobierno prevé movilizar los 1.300 millones del PERTE de vivienda industrializada mediante préstamos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Vivienda Industrializada, una iniciativa dotada con una financiación de 1.300 millones en préstamos con los que se busca dinamizar un nuevo modelo de construcción rápida y sostenible. Las ayudas estarán condicionadas a que las viviendas construidas finalmente con estos recursos sean asequibles, según ha destacado el Ministerio de Vivienda. Aunque los fondos estarán disponibles de forma inmediata para las empresas, aún no está cerrado cómo se ejecutará el proyecto en la práctica: será en las próximas semanas cuando se definan los criterios y mecanismos concretos para canalizar ese dinero.

En principio, la inversión no está destinada a financiar directamente promociones urbanísticas ni a construir viviendas en sentido estricto, sino a fortalecer el tejido industrial asociado a la edificación, apostando por sistemas constructivos industrializados. En ese sentido, se trata de una iniciativa centrada en dinamizar el sector mediante la modernización de procesos, con impacto previsto sobre la construcción, pero sin que ello implique necesariamente el desarrollo inmediato de nuevas viviendas por parte del Estado o del sector público. En cualquier caso, el objetivo gubernamental es que España construya una media de 15.000 viviendas anuales mediante sistemas industrializados, con la meta de alcanzar las 20.000 unidades en un horizonte de una década.

En ese sentido, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado este martes que en la próxima licitación de vivienda pública —que afectará a unas 1.600 unidades y se realizará todavía bajo la gestión de Sepes, ya que todavía no se ha acabado de perfilar la empresa pública de vivienda anunciada el pasado otoño— se introducirá un criterio de puntuación adicional: hasta un 10% del baremo evaluará la incorporación de sistemas industrializados.

De los 1.300 millones previstos, el 80% se canalizará en forma de préstamos destinados a financiar proyectos de industrialización, mientras que el 20% restante será crédito orientado a fortalecer la capitalización empresarial, es decir, a reforzar su músculo financiero. El capital procederá principalmente de dos líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO): ICO Verde —enfocada en proyectos de descarbonización industrial— e ICO Emprendedores, al que se sumará el mecanismo Reincia+FAIIP (que se desplegó originalmente para recuperar la economía local de las zonas afectadas por la DANA). Aunque el Ministerio de Vivienda ha adelantado que las viviendas que eventualmente se construyan con estos sistemas deberán ser asequibles y tener precios máximos fijados, el marco de elegibilidad aún está por definirse y no está claro cómo será que el gobierno garantizará su asequibilidad.

El Gobierno estima que esta inyección de capital tendrá un efecto multiplicador en la economía de 2,4 veces la inversión inicial, lo que equivaldría a unos 3.120 millones de euros. Se trata del primer PERTE que se activa al margen del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. No responde, por tanto, a exigencias europeas, sino a una decisión de política interna con la que el Gobierno pretende intervenir en un mercado residencial muy tensionado, caracterizado por una oferta limitada y un aumento sostenido de los precios.

Como ya anunció el presidente Pedro Sánchez el pasado 24 de abril, la sede del programa se establecerá en la zona de actividades logísticas del Puerto de Valencia, en terrenos de titularidad pública gestionados por Sepes (Entidad Pública Empresarial de Suelo, dependiente del Ministerio de Vivienda). La elección de Valencia busca escenificar el compromiso del Gobierno con la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana del pasado octubre. No se prevé, sin embargo, que las empresas se instalen allí: la sede actuará como centro de investigación y formación. El conocimiento generado en la denominada “ciudad de la industrialización de la construcción” se diseminará a través de una plataforma digital, en la que los agentes participantes en el PERTE podrán compartir datos y avances técnicos.

El Ministerio abrirá la próxima semana un calendario de reuniones interministeriales en las que participarán una decena de departamentos —entre ellos, los de Economía, Industria, Hacienda, y Educación y Formación Profesional—. En estos encuentros se concretarán aspectos clave del PERTE, pero aún no hay una fecha definida para su implementación efectiva.

La vivienda industrializada —construida en serie en fábrica y ensamblada posteriormente en obra— permite acortar plazos, mejorar la sostenibilidad y garantizar estándares de calidad, en contraste con el modelo tradicional. El desafío radica en que el sector aún carece de la capacidad productiva necesaria. Llevar parte del proceso constructivo a la fábrica requiere grandes naves dotadas de maquinaria de última generación, además de solventar obstáculos logísticos. España cuenta ya con algunas instalaciones de este tipo, pero avanza con lentitud frente a otros países, donde es habitual que elementos como baños, cocinas o fachadas se fabriquen en módulos y se instalen posteriormente in situ. Al respecto, la ministra ha recordado este martes que en otros países europeos, “la producción de vivienda industrializada alcanza el 50%”. Pero aquí no ocurre así porque es un sector que “como consecuencia de la crisis inmobiliaria quedó lastrado y posteriormente dejó de construir”.

El programa busca impulsar esta transformación, modernizar el sector, favorecer la incorporación de mujeres y jóvenes, y mejorar la competitividad mediante procesos estandarizados y producción a escala. No será necesario que cada vivienda sea 100% modular, pero sí que al menos el 50% de su construcción provenga de sistemas industrializados.

La aprobación del PERTE llega en un momento en que el debate sobre la vivienda se ha intensificado, con protestas en diversas ciudades y una creciente presión social por el acceso al alquiler. El Ejecutivo confía en que este nuevo instrumento contribuya a aumentar la oferta y a acortar los plazos de ejecución entre un 20% y un 60%. No obstante, la reforma de la Ley de Suelo continúa pendiente, a pesar de ser un elemento clave. Según fuentes del sector, sin esa modificación normativa será difícil alcanzar la velocidad de crucero que se busca en la nueva edificación. El propio objetivo del plan, comenzar con 15.000 viviendas industrializadas al año y acelerar el ritmo hasta el entorno de las 20.000, supone un empujón, pero no suficiente para alcanzar el ritmo de construcción necesario para paliar el déficit de vivienda de España: el año pasado se terminaron en torno a 100.000 casas en España y el sector calcula que sería necesario construir más de 150.000 al año.

La magnitud del déficit de vivienda en España sigue siendo muy elevada: en los últimos 15 años se han creado el doble de hogares que de viviendas, y el Banco de España estimaba en 600.000 las viviendas necesarias entre 2022 y 2025. El PERTE, con una previsión inicial de 15.000 viviendas al año y un máximo de 20.000 en una década, representa un avance relevante, pero muy insuficiente para cerrar esa brecha.